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ONG señalan falta de posiciones que condenen amenazas a la paz nacional en Informe Bachelet

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con presencia en Venezuela participaron este miércoles en el debate general sobre la actualización oral del informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recalcando que presenta omisiones, a la vez que rechazaron la propuesta de conformar una comisión de investigación de la ONU para el caso venezolano.

Esto ocurrió en el contexto de la 42° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se desarrolla en Ginebra.

Gabriel Aguirre, secretario del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, expresó la profunda preocupación de la organización “por la ausencia en el Informe de posiciones que condenen la recurrente amenaza a la paz, así como a los frecuentes llamados a la intervención militar extranjera, el uso de mercenarios que vulneran los derechos humanos y obstaculizan el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación”.

Asimismo, manifestó el desacuerdo de la OGN que representa con la iniciativa propuesta por un grupo de países de conformar una comisión de investigación para Venezuela; “consideramos que la cooperación entre la Oficina de la Alta Comisionada y las autoridades nacionales son proyectos en marchas y que no deben ser entorpecidos con acciones que se constituyen en retroceso a los actuales procesos”.

Aguirre alertó sobre la intensificación en los últimos meses de los ataques contra el país suramericano y su población, y el incremento de las acciones injerencistas por parte de Estados Unidos y de algunos gobiernos latinoamericanos, en clara violación a la Carta de las Naciones Unidas.

En la misma línea, María Eugenia Russián, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), expuso que “nos preocupa que algunos países miembros de este Consejo fomenten la creación de una comisión de investigación de la ONU para Venezuela. Sostenemos que no hay razones para optar por esta iniciativa. La promoción de una comisión de investigación busca frenar los avances entre la Oficina de la Alta Comisionada y el Estado venezolano, entorpeciendo y duplicando los esfuerzos”.

Recordó que el Consejo de DDHH de la ONU asignó más de 300 mil dólares para revisar la situación venezolana y que “sería más razonable respaldar la labor realizada por la Alta Comisionada, en lugar de instaurar un mecanismo paralelo que disperse los esfuerzos y los recursos para atender la situación del país”.

Además, consideró arriesgado asumir que una comisión de investigación de la ONU sustituya la institucionalidad del Estado venezolano; “esto generaría grandes titulares de prensa pero aportará poco a resolver la situación. Es fundamental el mantenimiento de la cooperación técnica que viene haciendo la Oficina de la Alta Comisionada en materia de derechos humanos para Venezuela”.

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